El Congreso tiene previsto aprobar hoy la Ley de Responsabilidad Ambiental, que supondrá un ahorro de más de 1.410 millones de euros para pequeñas y medianas empresas al quedar éstas exentas de contratar el seguro «verde».
El objeto de la misma, es que determinadas empresas que pudiesen causar daños al medio ambiente por causas fortuitas o accidentales, puedan costear los posibles daños ambientales que pudieran causar a través del citado seguro.
La futura ley, que en un principio iba a ser exigente en cuanto a las garantías financieras y al ámbito de aplicación de la misma, ha quedado en una ley de corto alcance y que sólo no protege en toda su extensión al medio ambiente al eximir del seguro verde o garantía financiera al 90 por ciento de las empresas españolas. Esto ha sido posible ya que durante su tramitación parlamentaria se han incluido rebajado las exigencias inicialmente establecidas en la Ley 26/2007 y en el Real Decreto 2090/2008. Por el contrario se han incluido dos enmiendas; una dirigida a «aclarar» el régimen de las medidas ambientales de las desaladoras, y la otra para añadir una disposición sobre actuaciones contempladas en el Plan Nacional de Calidad de las aguas.
De acuerdo con la futura norma, que ampliará el daño ambiental a las aguas marinas, quedarán exentos del seguro verde aquellos operadores cuyas actividades sean susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por una cantidad menor a 300.000 euros.
El Ejecutivo ha argumentado que carece de sentido exigir este seguro previo a actividades que difícilmente van a causar daños ambientales, como una panadería, un estudio de música o actividades de jardinería, exención que no les librará de pagar si producen algún daño.
