La Ley por la que se modifican la
normativa de 2002 de prevención y control integrados de la Contaminación y la
de residuos y suelos contaminados de 2011 ha superado su examen en el Congreso
de los Diputados y pasa a tramitarse al Senado.
El Consejo de Ministros aprobó a finales
de enero el proyecto de ley que modifica la normativa de 2002 de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, y que reduce a 9 meses el plazo para
otorgar o denegar la autorización ambiental correspondiente.
En concreto, la normativa ha sido
sometida a la participación pública, a la consulta de las comunidades autónomas
en conferencia sectorial y al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA),
integrado por organizaciones ecologistas, sindicatos y empresarios, aparte de
haber recibido el informe favorable del Consejo de Estado.
Esta nueva ley afectará a 6.100
instalaciones industriales, más que la normativa anterior. Para alcanzar un
«elevado nivel de protección del medio ambiente», se supedita la
puesta en marcha de estas a la obtención de un permiso escrito, la Autorización
Ambiental Integrada (AAI).
Por otro lado, se suprime la necesidad
de aportar la documentación que ya está en poder de la administración en los
procesos de revisión y se suprime el deber de renovar la autorización cada 8
años aunque no hubiera ningún cambio en las circunstancias.
La principal novedad derivada del nuevo
marco comunitario sobre emisiones industriales es el reforzamiento de la
aplicación de las mejoras técnicas disponibles.
La norma no sólo mantiene los estándares
de control sobre la contaminación, sino que exige que las instalaciones sean
inspeccionadas, en tanto que agiliza la tramitación de las autorizaciones
ambientales integradas y reduce notablemente las cargas administrativas.
Todas las AAI existentes deben adecuarse antes del 7 de enero de 2014 a la
nueva Directiva. Para ello, se establece en una disposición transitoria el
procedimiento de actualización de las autorizaciones ya otorgadas, en virtud
del cual, el órgano ambiental competente comprobará, mediante un procedimiento
simplificado, la adecuación de la autorización a la nueva Directiva.