El Estado evaluará, por primera vez, si merece la pena la montaña de subvenciones que reparte cada año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) investigará «la eficiencia» de cerca de 25.000 millones de euros concedidos cada año a todos los sectores en un ejercicio de control de gasto sin precedentes. Se da por seguro que detectará duplicidades y ayudas públicas insólitas o estériles para los teóricos fines que persigue.
El Consejo de Ministros formalizó el pasado viernes el encargo a la AIReF con mandato de poner bajo la lupa tanto las subvenciones concedidas por la Administración central, como las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Los fondos para la formación, las ayudas al transporte público, las subvenciones al gasóleo de determinados colectivos, el apoyo a la agricultura o los estímulos públicos para investigación y desarrollo son algunos de los ejemplos que deberán ser revisados. Se estima que la Administración central y la Seguridad Social otorgan cada año subvenciones por valor de 15.000 millones, las comunidades autónomas, cerca de 7.000 millones y, las corporaciones locales, más de 2.000.
El Gobierno pretende cumplir así una reiterada solicitud de la Comisión Europea, que considera esencial el examen en la lucha contra el déficit público. De hecho, su primera recomendación en su informe sobre España del pasado 22 de mayo incluye la puesta en marcha de este análisis, «porque puede ayudar a cumplir necesidades de gasto con un uso más eficiente de los recursos».
Según el plan de trabajo acordado, se prepararán, en el plazo de dos meses, «un plan de acción que incorporará los aspectos metodológicos y las previsiones del citado proceso de revisión, e incluirá una propuesta inicial con el detalle de las líneas de subvenciones a analizar, las entidades públicas afectadas, los períodos temporales a los que se refiera el análisis, y la información que sería necesaria para la realización de estos análisis, así como el presupuesto y calendario de desarrollo».
