Actualmente se está elaborando un proyecto de Real Decreto para incorporar al ordenamiento jurídico español la directiva europea 2015/720 para reducir el consumo de bolsas de plástico en toda la UE mediante medidas como el cobro de un precio mínimo por cada una de ellas a partir del 1 de enero de 2018.
Esta directiva, conocida como «directiva de las bolsas de plástico», busca acabar con las bolsas de plástico en la Unión Europea (UE), que implican un enorme riesgo para el planeta dado el largo periodo hasta la descomposición. Para implementar la medida, los países tendrán que optar por asumir objetivos de reducción del uso de las bolsas de plástico de un grosor menor de 50 micras, las más habituales en la UE, u obligar a que los comercios cobren por ellas a los clientes sin excepciones.
Los estados miembros que elijan la primera opción deberán tomar medidas para asegurarse de que, a partir de 2020, no se utilicen más de 90 bolsas ligeras por persona al año, para reducir aún más su uso a partir de 2026, hasta las 40 por persona.
Si los países se decantan por ponerles un precio, deberán asegurarse de que, a partir de 2019, estas bolsas no sean ofrecidas de manera gratuita a los clientes.
El estado Español está optando por la segunda opción ya que en muchos países las bolsas de plástico ya se pagan y ha quedado patente que es una buena herramienta para la reducción de su uso. En Europa la media es de unas 190 bolsas al año, aunque países como Dinamarca y Finlandia están sólo en 4 bolsas por persona al año.
El proyecto establece que las bolsas costarán un mínimo de entre 5 y 30 céntimos cada una de ellas dependiendo de sus características: las más baratas -5 céntimos- serán las de plástico compostables con un espesor de hasta 29 micras, seguidas por las de 30 micras o más y las de 29 micras o más pero no compostables -10 céntimos-, las de 30 micras o más no compostables -15 céntimos- y las oxodegradables de 50 micras o más -30 céntimos-.
La nueva normativa establece que los comerciantes no podrán entregar de manera gratuita las bolsas ligeras -con un espesor inferior a 50 micras- a los consumidores en los puntos de venta, salvo excepciones «según el uso específico, su compostabilidad o durabilidad», debido a que su consumo produce «altos niveles de residuos dispersos, suponen un uso ineficaz de los recursos y es previsible que aumenten si no se toman medidas.»
También están exentas de esta medida las bolsas de menos de 15 micras utilizadas como envase primario para alimentos a granel, mientras que las compostables tendrán por ley un precio inferior al establecido para las de plástico convencional.
En la actualidad y según diversos estudios, se utilizan hasta 238 bolsas por persona y cada una de ellas tarda unos 400 años en descomponerse totalmente; además, apenas un 10% se reciclan, lo que genera unas 100.000 toneladas de residuos al año.
De acuerdo con los datos proporcionados por el sector e incluidos en el proyecto de real decreto, sólo en 2014 se pusieron en el mercado español 62.560 toneladas de bolsas de plástico de menos de 50 micras, equivalentes a más de 6.700 millones de unidades.
Por último el Parlamento Europeo está estudiando de forma exhaustiva el impacto sobre el medio ambiente de materiales como el plástico oxo-biodegradable que con el tiempo se va fragmentando en pequeñas partículas. Para el año 2017 la Comisión Europea deberá proponer el etiquetado y el marcado de productos de las bolsas de plástico biodegradables y compostables para que sean fácilmente reconocibles.
Las bolsas de plástico se fabrican en minutos, tienen una vida útil de minutos, pero tardan un 500 años en desaparecer.
