La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), vigente desde 1995, se encuentra en proceso de reforma para adaptarse a las nuevas realidades del mundo laboral. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado un borrador que introduce cambios significativos en la normativa, abordando aspectos como la salud mental, la perspectiva de género y la inclusión de colectivos tradicionalmente excluidos.

Ampliación del Concepto de Riesgo Laboral

Se propone ampliar y concretar la definición de riesgo, dándole un mayor protagonismo a los riesgos psicosociales, emocionales y sociales, que en la práctica hasta ahora han quedado un poco en segundo plano. Por ejemplo:

  • Incorporar explícitamente términos como estrés, ansiedad, burnout como riesgos a evaluar y gestionar.

  • Introducir formalmente el derecho a la desconexión digital, que es un concepto surgido en la última década con la digitalización del trabajo, y que no estaba regulado en 1995.

Perspectiva de Género y Diversidad Generacional

Se incorpora la perspectiva de género en la evaluación de riesgos, reconociendo las diferencias en la exposición a peligros laborales entre hombres y mujeres. Además, se considera la diversidad generacional, adaptando las condiciones de trabajo a las necesidades específicas de cada grupo de edad.

Inclusión de Empleadas del Hogar

La reforma de 2025 introduce por primera vez una regulación expresa y detallada que garantiza:

  • Evaluaciones periódicas de riesgos laborales específicas para este colectivo,

  • Exámenes médicos trienales con facilidades desde el Estado,

  • Protocolos concretos contra la violencia y acoso en el ámbito doméstico.

Esto supone un avance real y significativo, porque pasa de una aplicación teórica o implícita a una aplicación concreta y efectiva con recursos asignados.

Reorganización de los Recursos Preventivos

La reforma limita el modelo de autogestión de la prevención a empresas de hasta 10 empleados, promoviendo la contratación de servicios de prevención ajenos para garantizar una mayor profesionalización. Asimismo, se establece que las empresas con más de 30 trabajadores cuenten con al menos dos delegados de prevención.

Nuevas Obligaciones Clave para las Empresas

Además de los puntos anteriores, la reforma introduce otras obligaciones importantes que marcarán un cambio en la gestión preventiva:

  • Designación obligatoria de un responsable de prevención en todas las empresas, sin importar su tamaño. Esto busca asegurar que exista una persona claramente encargada de implementar y supervisar las medidas preventivas.

  • Evaluaciones de riesgos específicas y especializadas: Se plantea separar las disciplinas de ergonomía y psicosociología, considerándolas especialidades independientes dentro de la prevención, para un enfoque más preciso y eficaz.

  • Integración efectiva de la igualdad de género y la diversidad en todas las etapas de la gestión preventiva, buscando que las políticas de prevención sean inclusivas y adaptadas a realidades diversas.

  • Creación de un historial clínico-laboral digital único para cada trabajador, que facilite el seguimiento y la gestión de la salud laboral a lo largo del tiempo

Plazos y Próximos Pasos

El borrador de la reforma será enviado al Parlamento para su debate y aprobación. Se espera que, una vez aprobado, las empresas tengan hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos a la nueva normativa. No obstante, el texto definitivo aún está en fase de elaboración y negociación, por lo que conviene estar atentos a las disposiciones finales y posibles reglamentos que definirán los detalles concretos y plazos de implantación.

Consideraciones Finales

Esta reforma representa un paso significativo hacia la modernización de la legislación laboral en España, abordando los desafíos contemporáneos —como los riesgos psicosociales, la igualdad de género y la digitalización— y promoviendo entornos de trabajo más seguros, inclusivos y saludables.

Será fundamental que las empresas, especialmente aquellas con mayor número de trabajadores y sectores con riesgos específicos, estén preparadas para implementar estos cambios y aprovechar las herramientas y recursos que esta actualización normativa traerá consigo.